La legitimación significa la aceptación de lo existente como valioso y que merece ser mantenido. Los valores y normas que socialmente poseen legitimidad son aceptadas por la sociedad, son eficaces en el grupo y convierten al poder en un poder aceptable.
El Derecho busca precisamente la legitimación del poder establecido a través del consenso de la ciudadanía, procurando que esta se adhiera al modelo organizativo que se inscribe en las normas jurídicas.
Las normas se presentan no solo como reglas persuasivas, como ocurre en la función de orientación social, sino como factor de convicción que pretende lograr la adhesión de los individuos.
Existe por tanto una interrelación entre Derecho y poder político. El poder político ofrece al Derecho normas y la posibilidad de recurrir a la fuerza para poder zanjar los conflictos de intereses y recíprocamente, el Derecho legitima al poder político, esto es, el Derecho ha de organizar y limitar las competencias del poder político, sometiéndolo a unos determinados procedimientos.
La organización jurídica del poder dota a éste de una mayor estabilidad, mayor regularidad; y al mismo tiempo limita su alcance, lo que le aleja de la posibilidad de ser un poder arbitrario
Se dice que el Derecho es un instrumento del poder político que contribuye a la aceptación y legitimación del sistema. Las reglas de acceso y competencia del poder, así como de su ejercicio sometido a determinados procedimientos, tienen una especial función legitimadora del poder.
Esta regulación del acceso al poder y los límites a su ejercicio surge con el Estado liberal del siglo XIX. De hecho, una parte muy importante del Derecho tiene hoy en día la función de regular la estructura interna del aparato jurídico y de legitimar los miembros de la comunidad jurídica: es el Derecho del Estado de Derecho en su sentido específico.
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