La función de integración y control del derecho

La función de integración y control es una consecuencia de la función de orientación y de organización del derecho. Cualquier sistema normativo que pretende la orientación de las conductas de los individuos ejerce una función de control social cuya finalidad es precisamente la cohesión del grupo social y su orientación en la dirección elegida.

Por eso se dice que el Derecho ha sido uno de los medios de control social con mayor protagonismo en la historia de los procesos de organización de los diferentes grupos (junto con otros medios de control social como la educación, la cultura, la religión, etc).

De hecho, la mayoría de autores coinciden en señalar que la función de control social es la más importante que tiene atribuida el Derecho (y que de alguna manera incluye al resto de funciones).

El Derecho ejerce esta función de control social a través de tres tipos de técnicas:

- Técnicas “protectoras” y “represivas”: son aquellas que imponen deberes jurídicos positivos (obligaciones) o negativos (prohibiciones) a los individuos, con la amenaza de una pena o sanción. Son técnicas típicas del Estado liberal clásico donde el Derecho es un mero garante de la autonomía y del libre juego de mercado

- Técnicas “organizativas”, “directivas”, “regulativas” y de control público: son aquellas mediante las cuales el Derecho organiza la estructura social y económica, define y otorga poderes, competencias, regula la intervención pública en la actividad social y económica, y distribuye los recursos disponibles a través de estas técnicas el Derecho trata de modelar las estructuras sociales y económicas. Es el utilizado en la transición del modelo de Estado liberal al modelo del Estado social e intervencionista. Se caracteriza por un aumento de las estructuras normativo-burocráticas de carácter público.

- Técnicas “promocionales” o de “alentamiento”: son las que pretenden persuadir o incentivar la realización de comportamientos socialmente necesarios mediante el empleo de “leyes incentivo” que compensan o subvencionan determinadas actuaciones. Estas técnicas son las propias del Estado del bienestar o asistencial, donde el Derecho tiene una nueva función: la promocional y distributiva a través de la cual se asigna a los miembros del grupo social los recursos de que se dispone.


La función de orientación y de organización del derecho

El Derecho es un sistema que realiza una labor de “ingeniería social”: actúa como mecanismo conformador de nuevas realidades sociales haciendo que los sujetos se comporten en un modo determinado (esto es, “el Derecho guía las conductas”).

Esto es así porque los mandatos o prohibiciones del Derecho orientan y educan a la sociedad en un determinado modo de actuar y de pensar (esta es la función pedagógica del Derecho que ha sido señalada por diversos pensadores a lo largo de la historia).

Se ha dicho que el Derecho es una forma de comunicación y las normas jurídicas son los mensajes: el Derecho establece “lo que debe ser”. En particular, el Derecho se concentra en dirigir y regular la conducta cuando existen conflictos de intereses. Así ocurre en el caso de bienes escasos y deseados, ya sean materiales o inmateriales, tales como el poder y el prestigio.

Esta función de orientación y organización es cumplida no solo por parte de los operadores jurídicos (jueces y funcionarios) al aplicar el Derecho, sino por todos y cada uno de los sujetos que utilizan en Derecho en sus relaciones sociales.

El Derecho tiene dos misiones de orientación y organización en sociedades muy dinámicas como la nuestra:

- Orientar una multitud de personas relativamente independientes hacia el cumplimiento de objetivos sociales. Esto se consigue mediante la represión las conductas indeseadas mediante sanciones; pero también promoviendo las conductas deseadas mediante incentivos (por ejemplo, subvenciones): esto es, el Derecho se hace mas intervencionista.

- Pero a la vez el Derecho (y no solo el Derecho sino el resto de normativas sociales) vela por la transformación del comportamiento al ir emergiendo nuevas costumbres debido a las condiciones cambiantes de la vida del grupo.

En conclusión, el cumplimiento de esta función orientadora depende del grado de persuasión que alcancen las normas jurídicas: por parte del destinatario es determinante la aptitud y disposición positiva para recibir los mensajes que se le dirigen, su capacidad para interiorizarlos y por tanto su modo de cumplimiento; por parte de quienes hacen el Derecho (legisladores, funcionarios administrativos y jueces) depende de varios factores: necesidades y deseos que el grupo tenga, abundancia o escasez de medios naturales o técnicos para la satisfacción de esas necesidades, creencias o convicciones sociales vigentes (ética social) o una coyuntura económica y política.


Complementariedad entre el Derecho y los Usos sociales

Los Usos sociales son las costumbres o hábitos que ordenan la práctica social y que suelen tener una gran incidencia en las relaciones interpersonales (por ejemplo, reglas de cortesía, de educación, de vestir, de comer, …). Mientras que las normas del Derecho son concretas, las de los Usos sociales son más imprecisas.

Entre Derecho y Usos sociales se ha venido dando una amplia coincidencia en la orientación de la regulación que establecen:

- A diferencia de la Moral, tanto el Derecho como los Usos sociales se han ocupado exclusivamente de las conductas que inciden en el funcionamiento ordenado y pacífico de la organización social.

- Nunca han subordinado la obligatoriedad de sus normas a la aceptación interna de los sujetos obligados (como sí hace la Moral).

Históricamente se observa que un buen número de materias o conductas han sido reguladas alternativamente, unas veces por el Derecho y otras por los Usos; la frontera entre unas conductas y otras no ha sido casi nunca fija:

- El Derecho se ha ocupado siempre de la regulación de aquellas conductas que en cada momento han sido consideradas como especialmente importantes para la conservación y el buen funcionamiento de la estructura básica de la vida social.

- Los Usos han regulado aquellas otras conductas que, siendo de interés para el desarrollo correcto de las relaciones sociales, no eran consideradas vitales para la defensa del orden básico y los valores estructurales del sistema.

Así entre Derecho y Usos sociales se han dado distintos tipos de relaciones:

a) Relaciones de coincidencia: cuando ambos han impuesto un mismo sentido a la reglamentación de ciertas relaciones o comportamientos sociales En este caso se complementan, pudiendo llegar las normas a remitirse a la determinación social de los usos: normas que se remiten a la “buena fe,” “usos mercantiles”, etc. 

b) Relaciones de complementariedad y apoyo funcional: como podría ser la formación del Derecho consuetudinario: cuando los usos sociales se convierten en “costumbres jurídicas” (que complementa a las normas jurídicas).

c) Relaciones de confrontación correctora: seria el caso de los usos que contradicen al Derecho hasta el punto de que el Derecho se ve forzado a oponerse frontalmente a los Usos. Un ejemplo sería cuando usos propios de grupos sociales minoritarios entran en conflicto con los principios básicos que animan el sistema jurídico de la sociedad global, algo que se da con frecuencia actualmente por efecto de los flujos migratorios multidireccionales.


Complementariedad entre el Derecho y la Moral

La distinción entre Derecho y Moral no quiere decir que el Derecho ha de ser amoral, esto es, neutral desde el punto de vista de los códigos morales particulares. 

Hay quien opina que si el Derecho se complementa con una determinada moral (o ética) podría no cumplir la función de unir y pacificar las relaciones sociales (y por el contrario ser fuente de conflictos, dada la creciente diversidad moral existente en la sociedad). Sin embargo, otros alertan del progresivo efecto deshumanizador que la desvinculación moral está produciendo en el Derecho.

En este sentido, cada vez es más aceptado que el Derecho ha de ser un instrumento puesto al servicio de la dignidad moral de la persona, esto es, el Derecho ha de sustentarse en un código moral básico de lo contrario se produciría un desajuste tan grave entre normas jurídicas y convicciones éticas que la aplicación del Derecho resultaría inviable.

En conclusión, debe existir una complementariedad entre la Moral y el Derecho ya que el comportamiento de las personas está sometido simultáneamente a las normas morales y a las normas jurídicas, por tanto la reglamentación jurídica ha de sintonizar al máximo con las creencias y convicciones de los sujetos a los que va dirigido.


Los principales sistemas normativos de las sociedades actuales: Derecho, Moral y Usos sociales

Las sociedades modernas tienden a desarrollar un código de normas distinto para cada uno de los grandes sectores de la actividad humana (económico, deportivo, urbanístico, penal, …) y para cada una de las organizaciones sociales específicas (familiar, mercantil, docente, judicial, militar, sindical, etc...), por lo cual existen numerosos códigos normativos.

A esto se une otros factores que han contribuido al proceso de diferenciación tipológica de las normas: la evolución de los valores del grupo (axiológico), la aparición de nuevos problemas, necesidades y aspiraciones en la organización de la convivencia, y la experiencia adquirida de las diferentes soluciones propuestas a lo largo de la historia.

Entre los muchos códigos de reglas de conducta que estos factores han ido originando, han destacado tres códigos de normas: la Moral, el Derecho y los Usos sociales.

Estos códigos normativos han actuado siempre en el seno de los grupos sociales para lograr la acomodación de las conductas de los individuos al modelo “oficial” de comportamiento. Por lo tanto, estos tres códigos han actuado como los principales agentes de control y organización de la vida social.

El Derecho, la normatividad jurídica, es en general el principal medio de control social ya que su objeto son las relaciones de poder dentro del grupo (pudiéndose incluso llegar a la coacción física para imponer el cumplimiento de las normas jurídicas). Por otra parte, la Moral y los Usos sociales pueden en determinadas circunstancias determinar la voluntad individual incluso con mayor intensidad que las normas jurídica.