¿Cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento?

El proceso representa una serie de actos sucesivos que conforman entre sí una unidad y que tienen como recorrido último y normal la sentencia emanada de una autoridad imparcial, esto es, desvinculada de las partes intervinientes. El procedimiento es la forma como tales activos se manifiestan, ya sea considerados aisladamente o enlazados unos con otros, vale decir, el proceso visto exteriormente, en sentido dinámico.

Para Monroy Gálvez, el proceso es el conjunto dialéctico, dinámico y temporal de actos, que se realizan durante la ejecución de la función jurisdiccional del Estado, bajo su dirección, regulación y con el propósito de obtener fines privados y públicos. Los que son comunes a todos los participantes del proceso. En cambio, procedimiento es el conjunto de normas o reglas de conducta que regula la actividad, participación y las facultades y deberes de los sujetos procesales y también la forma de los actos realizados en un proceso o en parte de éste, provistos por el Estado con anticipación a su inicio.


La importancia del proceso civil

El proceso resulta importante porque no sólo opera como un instrumento para la defensa de los intereses de los particulares, quienes aspiran en forma individual a la solución de sus conflictos o disputas, sino porque a través de él, que garantiza la conservación del ordenamiento jurídico, se restablece o mantiene la paz social.

Su transcendencia, como se observa, excede el ámbito privado, lo que permite concebirlo como un medio jurídico de importancia social que, reconstruyendo artificialmente la realidad afectada por no seguirse la pauta de conducta establecida en la regla jurídica de derecho material, asegura un comportamiento colectivo civilizado y en armonía. La necesidad social de que se actúe forzosamente, mediante el proceso, la norma sustancial, en razón de la función reguladora que ella cumple, confiere al proceso una importancia de idéntica naturaleza, esto es, social.



Obligacionalización de los derechos real

En los últimos años ha sido imposible desvincular de forma total los aspectos obligacionales y reales del contrato. Chaves de Farias y Rosenvald perciben una evidente obligacionalización de los derechos reales en la medida que todos ellos, sin excepción, abrigan en su estructura:

  • Una relación jurídica de derecho real (dominio del titular sobre la cosa).
  • Una relación jurídica de derecho obligacional (relación entre el titular y la colectividad).

La primera relación es material, referida al bien; la segunda es subjetiva, referida al titular y el medio, la sociedad. Esto nos lleva a determinar que el análisis de los derechos reales viene realizándose desde la óptica del derecho de las obligaciones a efectos de definir las relaciones jurídicas que lo configuran.

Asimismo, vemos como el dinamismo del derecho de obligaciones viene transfiriéndose a los derechos reales, antes estáticos y hoy por hoy cambiantes, justamente para satisfacer las necesidades de las partes.


¿Cuál es la diferencia entre bien y cosa?

Cosa es aquello que tiene existencia material. Bien es aquello que tiene existencia material o inmaterial. Filosóficamente, bien es todo aquello que puede proporcionar al hombre una satisfacción. Es un bien la vida, la libertad, la salud, la honra, la amistad, la familia, siendo el Creador el más grande de los bienes. Sin embargo, ello es un concepto filosófico que no guarda relación con el jurídico. Para el Derecho, bienes son los valores, materiales o inmateriales, que pueden ser objeto de relaciones jurídicas.

La doctrina actual acentúa la diferencia entre cosa y bien.  Los bienes requieren la posibilidad de apropiación; las cosas, no. La cosa es un objeto material apreciable por los sentidos, mientras que el bien es un objeto material o inmaterial susceptible de apropiación y útil, siendo apreciado económicamente. Cosas son los objetos corporales. Bien es aquello, corporal o incorporal, que tiene utilidad, beneficio y contenido económico para el hombre. Las cosas, al ingresar al mundo del Derecho, adquieren la categoría de bienes; las piedras de río al ser trasladas a la construcción se transforman en bienes, porque tienen contenido económico, utilidad y beneficio para el hombre.

Así, los bienes deben ser útiles a los hombres en sus relaciones sociales. La utilidad puede ser de diversa índole, material o moral. Para que los bienes sean útiles deben ser susceptibles de apropiación. La luz solar, por ejemplo, no es jurídicamente un bien porque no puede ser apropiada. Si bien la luz solar es necesaria y útil, su regulación legal no brindaría utilidad alguna a los hombres en sus relaciones sociales.

Con la tecnología hay cosas que pueden llegar a transformarse en bienes (témpanos de hielo utilizados para irrigar desiertos; dunas que terminan utilizándose en canteras de arena; el agua de mar a través de procesos de desalinización para hacerla potable; el fango utilizado como fertilizante). No todas las cosas pueden ser objetos de derechos, solo pueden serlo aquellas útiles y apropiables, pasando a ser bienes.

La cosa existe pero no trasciende. El bien, además de existir, es útil. Una tiene mera existencia mientras que el otro goza de trascendencia. Esta diferencia puede resultar subjetiva y antojadiza. Para un abogado la piedra es una cosa, mientras que para la escultora es un bien, por la utilidad que puede darle esculpiéndola, transformándola en una obra de arte.


La finalidad del proceso civil

En términos generales la finalidad del proceso es dar solución a la controversia o incertidumbre jurídica puesta a consideración del órgano jurisdiccional.

Cumple el proceso así una función privada de satisfacer el interés individual. Mediante aquél es posible brindar amparo y concretar el derecho que asiste a las partes.

Sin embargo, el proceso desempeña además una función pública por cuanto satisface el interés social al hacerse efectivo con él la realización del derecho y el aseguramiento de la paz jurídica. Esta última función es la primordial, pues importa ante todo la defensa del interés público y general consistente en el mantenimiento de la paz social en justicia.

Dentro de una concepción objetiva la finalidad de todo proceso sería la actuación de la ley en el caso concreto. Desde el punto de vista subjetivo, aquella vendría a ser la protección de los derechos subjetivos. En el primer caso se afirma que la actuación del derecho objetivo no puede representar el fin del proceso, sino más bien el medio por el cual el Estado, a través del proceso, preserva el orden público y da solución al problema que encierra la violación o el desconocimiento de los derechos subjetivos. En el segundo supuesto, se dice que la protección de los derechos subjetivos no constituye la finalidad del proceso porque, de ser así, éste adquirirá un contenido particular, circunscribiéndose al ámbito de las partes.

De la fusión de ambas concepciones puede extraerse el fin del proceso, esto es, la realización del derecho sustancial a través de la actuación de la ley en los casos concretos para así satisfacer el interés público o general.