20:52
Dr. Pedro Laos D.
El presente artículo desarrolla el tratamiento legal que viene dándosele a la maternidad subrogada, una cuestión pendiente en la normativa peruana como parte de las técnicas de reproducción asistida, pese a que es una realidad latente la necesidad de las personas acceder a la posibilidad de procrear un hijo.
19:11
Dr. Pedro Laos D.
La teoría del incumplimiento eficiente, desarrollada principalmente en el ámbito del análisis económico del derecho, plantea que el incumplimiento de un contrato no siempre debe considerarse negativo desde el punto de vista social o económico. Por el contrario, puede ser deseable cuando genera un incremento en el bienestar general, entendido como la maximización del valor económico.
El incumplimiento eficiente se basa en la idea de que las partes contratantes buscan maximizar sus beneficios. Si una de ellas encuentra una oportunidad que le permite obtener un mayor rendimiento económico incumpliendo el contrato, y compensando adecuadamente a la otra parte mediante el pago de daños y perjuicios, el resultado global puede ser más eficiente que la ejecución estricta del contrato.
Por ejemplo, si un vendedor acuerda entregar un producto a un comprador por $10, pero surge otro comprador dispuesto a pagar $20, el vendedor podría incumplir el contrato original, pagar una indemnización al primer comprador (por ejemplo, $5), y aún así obtener un beneficio neto mayor ($15). Desde la perspectiva económica, este escenario genera una asignación más eficiente de recursos.
Desde el punto de vista legal, la teoría no promueve la impunidad del incumplimiento, sino que lo condiciona al pago de una compensación justa. El derecho contractual, en este sentido, cumple la función de garantizar que la parte afectada no quede en peor situación que la esperada originalmente. Esto se logra mediante el principio de reparación integral, que busca colocar al acreedor en la posición económica que habría tenido si el contrato se hubiera cumplido.
A pesar de su atractivo teórico, la doctrina del incumplimiento eficiente enfrenta críticas importantes:
La teoría del incumplimiento eficiente ofrece una perspectiva pragmática sobre el derecho contractual, alineando las normas jurídicas con la lógica económica. Sin embargo, su aplicación debe ser cuidadosa, considerando no solo la eficiencia económica, sino también los valores éticos y la estabilidad del sistema jurídico.
Abogado
Derecho de contratos
5:23
Dr. Pedro Laos D.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad es uno de los desafíos más importantes para lograr una sociedad justa y equitativa. El trabajo no solo es una fuente de ingresos, sino también un espacio de desarrollo personal, social y profesional. Sin embargo, las barreras físicas, tecnológicas y, sobre todo, actitudinales han limitado históricamente el acceso de este grupo a empleos dignos y estables.
En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) establece que los Estados deben garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. En Perú, la Ley N.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, obliga a las empresas privadas con más de 50 trabajadores a contratar al menos un 3% de personas con discapacidad, y a las entidades públicas, un 5%. Estas normas buscan reducir la brecha de exclusión laboral, aunque su cumplimiento aún enfrenta retos.
A pesar de los avances normativos, persisten prejuicios que asocian discapacidad con incapacidad. Muchas empresas temen costos adicionales por adaptaciones, desconocen los beneficios fiscales o carecen de políticas inclusivas. Estas barreras no son físicas, sino culturales, y se convierten en el principal obstáculo para la inclusión.
La inclusión laboral no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino también a las empresas y la sociedad. Diversos estudios demuestran que los equipos diversos son más creativos, resilientes y productivos. Además, la inclusión mejora la reputación corporativa y abre oportunidades en mercados que valoran la responsabilidad social.
12:22
Dr. Pedro Laos D.
El Derecho Internacional Privado se ocupa de resolver conflictos jurídicos que surgen cuando una relación privada involucra elementos extranjeros. En este contexto, la calificación constituye el primer paso esencial para aplicar correctamente las normas de conflicto. Sin una calificación adecuada, el sistema entero se desmorona, pues la elección de la ley aplicable depende de cómo se conceptualiza la situación jurídica.
8:03
Dr. Pedro Laos D.
En el contexto jurídico peruano, el concepto de tercero administrado se refiere a aquella persona natural o jurídica que, sin ser parte directa en la relación administrativa principal, se ve afectada por las decisiones, actos o procedimientos de la administración pública. Este sujeto adquiere relevancia en el marco del derecho administrativo, pues su reconocimiento garantiza la protección de derechos fundamentales frente al poder estatal.
El tercero administrado surge como consecuencia del principio de legalidad y del derecho a la defensa, ambos consagrados en la Constitución Política del Perú. La administración pública, al ejercer sus funciones, no solo interactúa con los administrados principales, sino que también impacta en terceros que pueden tener intereses legítimos vinculados al acto administrativo. Por ello, la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N.º 27444) establece mecanismos para que estos terceros puedan intervenir, presentar alegatos y defender sus derechos.
Entre los derechos más importantes del tercero administrado se encuentran:
Estas garantías buscan equilibrar la relación entre el poder público y los ciudadanos, evitando arbitrariedades y promoviendo la transparencia.
El reconocimiento del tercero administrado fortalece la legitimidad de la administración pública. Permite que las decisiones estatales consideren no solo a los actores principales, sino también a quienes indirectamente se ven involucrados. Esto es especialmente relevante en casos de licitaciones, autorizaciones ambientales, concesiones mineras o urbanísticas, donde los efectos trascienden a la comunidad.
A pesar de los avances normativos, persisten desafíos en la práctica. Muchos terceros administrados desconocen sus derechos, lo que limita su participación efectiva. Además, la carga burocrática y la falta de digitalización dificultan el acceso oportuno a la información. En este sentido, se requiere fortalecer la capacitación ciudadana y modernizar los procedimientos administrativos para garantizar una verdadera inclusión.
El tercero administrado en el Perú representa un pilar esencial para la protección de derechos y la consolidación de un Estado democrático. Su adecuada regulación y aplicación práctica contribuyen a una administración pública más justa, transparente y participativa. El reto está en pasar del reconocimiento normativo a la efectividad real, asegurando que ningún ciudadano quede desprotegido frente a las decisiones del poder estatal.
