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Dr. Pedro Laos D.
En el contexto jurídico peruano, el concepto de tercero administrado se refiere a aquella persona natural o jurídica que, sin ser parte directa en la relación administrativa principal, se ve afectada por las decisiones, actos o procedimientos de la administración pública. Este sujeto adquiere relevancia en el marco del derecho administrativo, pues su reconocimiento garantiza la protección de derechos fundamentales frente al poder estatal.
1. Naturaleza y Fundamentación
El tercero administrado surge como consecuencia del principio de legalidad y del derecho a la defensa, ambos consagrados en la Constitución Política del Perú. La administración pública, al ejercer sus funciones, no solo interactúa con los administrados principales, sino que también impacta en terceros que pueden tener intereses legítimos vinculados al acto administrativo. Por ello, la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N.º 27444) establece mecanismos para que estos terceros puedan intervenir, presentar alegatos y defender sus derechos.
2. Derechos y Garantías del Tercero Administrado
Entre los derechos más importantes del tercero administrado se encuentran:
- Derecho a ser notificado cuando un acto administrativo pueda afectar sus intereses.
- Derecho a participar en el procedimiento, presentando pruebas y argumentos.
- Derecho a impugnar decisiones mediante recursos administrativos o acciones judiciales.
Estas garantías buscan equilibrar la relación entre el poder público y los ciudadanos, evitando arbitrariedades y promoviendo la transparencia.
3. Importancia en la Gestión Pública
El reconocimiento del tercero administrado fortalece la legitimidad de la administración pública. Permite que las decisiones estatales consideren no solo a los actores principales, sino también a quienes indirectamente se ven involucrados. Esto es especialmente relevante en casos de licitaciones, autorizaciones ambientales, concesiones mineras o urbanísticas, donde los efectos trascienden a la comunidad.
4. Retos y Perspectivas
A pesar de los avances normativos, persisten desafíos en la práctica. Muchos terceros administrados desconocen sus derechos, lo que limita su participación efectiva. Además, la carga burocrática y la falta de digitalización dificultan el acceso oportuno a la información. En este sentido, se requiere fortalecer la capacitación ciudadana y modernizar los procedimientos administrativos para garantizar una verdadera inclusión.
Conclusión
El tercero administrado en el Perú representa un pilar esencial para la protección de derechos y la consolidación de un Estado democrático. Su adecuada regulación y aplicación práctica contribuyen a una administración pública más justa, transparente y participativa. El reto está en pasar del reconocimiento normativo a la efectividad real, asegurando que ningún ciudadano quede desprotegido frente a las decisiones del poder estatal.
Abogado
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