El relato medieval sobre el origen divino tanto del Derecho como del poder político comenzó a transformarse durante el Renacimiento al surgir los conceptos de “soberanía” y de “pacto o contrato social”.
Se comenzó a aceptar que por la soberanía, las leyes derivan de la voluntad humana, es el soberano absoluto quien debe dictar las leyes de sus súbditos. El principal instrumento de dominio del poder soberano son las leyes.
Por el contrato social, el poder político es un instrumento para conseguir el bien común. Cada individuo acepta el poder político y las leyes emanadas del poder porque persiguen el bien común, esto es, tanto la autoridad política como el Derecho que de ella emana se complementan para lograr la voluntad general (los fines de la comunidad).
El Derecho recoge los valores compartidos del grupo, a la vez que es un instrumento de racionalización y legitimación del poder político.
Las relaciones entre el Derecho y el poder político han sido siempre estrechas, por un lado, el poder político es un elemento imprescindible para el mantenimiento de la cooperación estable en los grupos humanos y por otro lado, el Derecho es el principio regulador de las relaciones colectivas (a la vez que somete el ejercicio del poder al control de una normatividad social general).
El poder político no aparece en agrupaciones humanas pequeñas (cuando los individuos están vinculados por lazos personales), pero aparece como una necesidad cuando los grupos humanos se hacen grandes y complejos.
Aparece un poder público organizado que actúa como gestor de los intereses y de las finalidades comunes, dirigiendo la realización de un proyecto de vida común. Para ello, el poder político utiliza sobre todo directrices formuladas a través de normas generales y estables. Estas normas indican como deben conducirse las personas para convivir (y lo que es bueno y lo que es malo desde el punto de vista de los valores vigentes del grupo).
De este modo, el poder político actúa como coordinador de las múltiples voluntades e intereses individuales que existen en cualquier comunidad y logra al mismo tiempo esa legitimación que los miembros le exigen para someterse voluntariamente al poder político, esto es, el poder político reclama la existencia del Derecho puesto que el Derecho es precisamente el instrumento de racionalización de los mandatos del poder y a su vez, el Derecho reclama la existencia y respaldo de un poder político capaz de garantizar la eficacia del Derecho.
En efecto, es inevitable que la normatividad jurídica apoye su efectividad en la máxima capacidad de presión que corresponde al poder político (del mismo modo que resulta inevitable que el poder político pretenda siempre legitimar su propio ejercicio a través de la cobertura de la justificación jurídica).
Por eso la relación entre Derecho y poder político incluye con frecuencia alguna dosis de tensión: el poder político utiliza el Derecho para imponer su orden, pero el poder político termina sometiendo su propia arbitrariedad a la eficacia estabilizadora del Derecho que crea, pero a su vez el Derecho (que es el que deslinda las esferas del poder político y se constituye en control reglado de ese poder) necesita que la organización política lo defina y lo garantice mediante sus mecanismos de poder.
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